sábado, 20 de julio de 2013

LOS SOSPECHADORES SIN DUDAS..

Para Gil Lavedra, a Milani directamente "hay que apartarlo"
El titular del bloque de diputados de la UCR aseguró que "las sospechas que hay sobre él son fundadas, con lo cual no hace falta un mayor esclarecimiento", y exigió poner en su cargo a "alguien libre de toda" sospecha.

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Que esto lo diga el diario La Nación, Mariano Grondona, no llama la atención.. conocemos su defensa de los genocidas, su ataque permanente al gobierno, a los organismos de DDHH.. pero sí que lo haga  alguién que es representante del pueblo en el Poder Legislativo, que en un programa de TV haya afirmado que "tiene la sospecha, no la certeza"   y que conoce la ley que tiene un principio:

In dubio pro reo:  es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado (reo). Es uno de los pilares del Derecho penal moderno donde el fiscal o agente estatal equivalente debe probar la culpa del acusado y no este último su inocencia. Podría traducirse como "ante la duda, a favor del reo".
Su aplicación práctica está basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En caso de que el juez no esté seguro de ésta, y así lo argumente en la sentencia, deberá entonces dictar un fallo absolutorio.

La absolución por el beneficio de la duda es una sentencia judicial penal absolutoria fundada en la falta de plena prueba sobre la culpabilidad del imputado.
El beneficio de la duda es un principio arraigado en la civilización occidental, derivado de la presunción de inocencia establecida por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa que define los derechos personales y colectivos como universales.
En el derecho penal moderno para condenar a una persona no basta con que el juez sepa que es culpable de un delito. Sólo la podrá condenar si puede probar -más allá de toda duda razonable- que fue quien cometió dicho delito.

(De wikipedia.org)

Ahora, si aceptamos que una sospecha es suficiente para impedir la designación de Milani...¿no es cuestionable la designación de alguién que fué funcionario del Poder Judicial durante la última dictadura..?
Un poder fuertemente cuestionado:

"Al comprobarse la gran cantidad de personas desaparecidas y los miles secuestros realizados con inusitado despliegue de vehículos y autores, al probarse que los amplios y organizados centros de detención y tortura ubicados en lugares densamente poblados albergaron, en algunos casos, centenares de prisioneros continuamente renovados, al conocerse que los familiares de los desaparecidos han hechos uso prácticamente de todos los procedimientos legales, se siente la necesidad de preguntar: ¿cómo fue posible mantener la impunidad de tantos delitos, consumados con la evidencia de un mismo "modus operandi" y muchos de ellos ante numerosos testigos?, ¿cómo se explica que los jueces no hayan ubicado a ningún secuestrado, después de varios años que tomaron estado público las versiones de quienes, con mejor suerte, fueron liberados?, ¿qué les impidió allanar oportunamente tan sólo uno de los lugares de cautiverio? Son interrogantes que duelen, pero es necesario aclararlos. A partir del pronunciamiento castrense del 24 de marzo de 1976, se introduce en la vida argentina una drástica subversión institucional. Es creada una suerte de "poder ejecutivo-legíslativo-constituyente", que asume facultades extraordinarias de gobierno y, con ellas, la suma de poder público.
Así fue que, el mismo día del golpe de estado, se cambió la composición del Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema, del Procurador General de la Nación y de los Tribunales Superiores de Provincia, al propio tiempo que se puso "en comisión" a la totalidad de sus otros miembros. Todo Juez, para ser designado o confirmado, debió previamente jurar fidelidad a las Actas y objetivos del "Proceso" liderado por la Junta Militar. A partir de allí la actividad judicial adoptó un perfil harto singular. Señalada por la Ley Suprema de la Nación como amparo de los habitantes contra los desbordes autoritarios, cohonestó la usurpación del poder y posibilitó que un cúmulo de aberraciones jurídicas adquirieran visos de legalidad. Salvo excepciones, homologó la aplicación discrecional de las facultades de arresto que dimanan del estado de sitio, admitiendo la validez de informes secretos provenientes de los organismos de seguridad para justificar la detención de ciudadanos por tiempo indefinido. E, igualmente, le imprimió un trámite meramente formal al recurso de hábeas corpus, tornándolo totalmente ineficaz en orden a desalentar la política de desaparición forzada de personas.
El Poder Judicial, que debía erigirse en freno del absolutismo imperarte, devino en los hechos en un simulacro de la función jurisdiccional para cobertura de su imagen externa. Frontalmente limitada la libre expresión de las ideas por la prensa, a través del control de los medios de difusión masiva y la imposición de la autocensura por el terrorismo estatal descargado sobre los periodistas disidentes. Seriamente afectada la asistencia jurídica por la prisión, extrañamiento o muerte de los abogados defensores; la reticencia, y aun la misma complacencia de gran parte de la judicatura completó el cuadro de desamparo de los derechos humanos.
(...)La población llegó a presentir que era inútil recurrir al amparo judicial para preservar sus derechos esenciales. La situación creada alcanzó tal notoriedad y difusión en la comunidad internacional, que un tribunal suizo negó la extradicción de cinco argentinos, a pesar de cumplirse todos los demás requisitos del respectivo tratado, fundando su decisión en razones de inseguridad para la vida de los delincuentes que debían extraditarse.
En conclusión, durante el período en que se consumó la desaparición masiva de personas, la vía judicial se convirtió en un recurso casi inoperante. Es más, casi se podría afirmar que, durante el régimen militar, el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad individual poco tuvo que ver con lo que dijeran los Jueces; las decisiones al respecto quedaron ai solo arbitrio de quienes integraron el aparato represivo del Estado.
Fruto de una larga y mucha veces penosa evolución histórica, el hábeas corpus ha llegado a ser la garantía fundamental para proteger la libertad ambulatoría, habiendo sido señalada con razón como el mecanismo jurídico más odiado por el despotismo. Sin él, resulta prácticamente inimaginable una sociedad donde imperen la ley y la libertad.
En nuestro país, siempre se ha entendido que es una de las garantías implícitas de la Constitución Nacional. Consiste en la facultad de peticionar al Juez para que, a través de un procedimiento rápido, de carácter sumario, haga cesar toda orden de un funcionario tendiente a restringir sin derecho la libertad personal; el Magistrado debe averiguar si el beneficiario del hábeas corpus se encuentra detenido, qué funcionario lo mantiene en tal situación, así como la legitimidad de la detención, e incluso cuando el arresto fuera dispuesto por el Poder Ejecutivo en virtud del estado de sitio, la razonabilidad del mismo.
Entre los años 1976 y 1983 fueron presentados millares de recursos de hábeas corpus. No una vez, sino repetidamente en favor de cada desaparecido. Ello habla de la fe puesta por los familiares en la intervención judicial.
(..) Se debe decir que los resultados en ningún caso respondieron a tan grandes expectativas."
(Extractado del Capítulo III; El Poder Judicial durante el período en que se consumó la desaparición forzada de personas; de "NUNCA MÁS", 10a Ed., 1985)

Después de conocer el accionar de los funcionarios judiciales ante tantas arbitrariedades, la falta de garantías constitucionales...¿no es lícito "sospechar" el silencio cómplice de esos funcionarios..? ¿Puede ser legislador  quién no está
"libre de toda sospecha"...?

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