lunes, 8 de junio de 2015

RECORDANDO EL PASADO..PARA NO REPETIRLO...

No se ha escrito mucho sobre los fusilamientos de Junio de 1956, mucho menos es lo que ha trascendido a la memoria histórica nacional sobre estos acontecimientos que marcaron un hito en nuestra Patria. Y son muchos los que no quieren que se conozca...
Pero estos mártires, que representan la sangre y la simiente del movimiento nacional y popular, nunca murieron continuaron viviendo en cada tiza y en cada carbón con las que un pueblo proscripto, “seco y en patas”, los recordó en las paredes de ciudades y pueblos durante dieciocho años, vivieron cada vez que una voz se levantó contra un dictador, vivieron con cada luchador popular y en el corazón de miles de compatriotas que levantaron sus banderas y las llevaron a la victoria.
Después del alzamiento del 9 de junio de 1956, el gobierno militar del general Eugenio Aramburu fusiló a 27 personas. En el caso de los fusilamientos de civiles, se utilizó un procedimiento por "izquierda" que luego se convertiría en la principal herramienta represiva de las sucesivas dictaduras, hasta llegar a su máxima expresión en el ’76. Aun en el caso de los fusilamientos de militares, se aplicó un decreto emitido por Aramburu que declaraba el estado de sitio cuando los rebeldes ya estaban detenidos. Es decir que, de manera inconstitucional, se les aplicó ese decreto con retroactividad.
En esos días, el dirigente socialista Américo Ghioldi publicó una frase que se hizo célebre: "Se acabó la leche de la clemencia". Y a Jorge Luis Borges se le atribuye otra frase en una conversación con su amigo Adolfo Bioy Casares: "Se hizo lo que debía hacerse". No eran los únicos que pensaban así, entre los no peronistas era un sentimiento extendido...  (¿era..o sigue siendo una forma de pensar..?)
En la noche del 9 de junio de 1956 comenzó la insurrección en varias partes del país, pero fue rápidamente desbaratada.
Los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, sabían de la conjura pero habían decidido no abortarla. Así, en la noche del 8 de junio, fueron apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, y dejó el Decreto 10.362 de Ley Marcial, y preparados los Decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 de las personas a fusilar. Los decretos eran correlativos y se publicaron así en el Boletín Oficial con posterioridad.
El equipo de Valle estuvo comandado por el coronel José Irigoyen, el capitán Costales y varios civiles. A las 22:00, la radio se instaló en la Escuela Técnica Nº 3 Salvador Debenedetti, en Avellaneda. Pero a las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama solo se escuchó en la provincia de La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux.
Los levantamientos se produjeron entre entre las 22:00 y la medianoche del 9 de junio. A las 0:32 del 10 de junio, el gobierno estableció la Ley Marcial por el decreto de Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir, que para aplicar la Ley Marcial a los sublevados ésta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firmaron el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. Entre las 02:00 y las 04:00, se ejecuta a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Súarez, la policía bonaerense, a cargo del Teniente Coronel Desiderio Fernández Súarez le ordena al jefe de la Regional San Martín, Comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que ejecute, con armas cortas, a 12 civiles, lo que realiza en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. De ellos, cinco murieron y siete lograron huir. Uno de estos últimos, Juan Carlos Livraga, será el «fusilado que vive» que permitiría a Walsh reconstruir la historia.

En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consultó telefónicamente a Aramburu, ya en Buenos Aires el 10 de junio al mediodía, sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el General de Brigada Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumarísimo. Concluyó que los sublevados no debían ser fusilados. Pero Aramburu ratificó su decisión. Lorio pidió que se deje por escrito. Aramburu y su gobierno, entonces, firmaron el decreto 10.364 que detallaba la lista de once militares que debían ser fusilados (única orden de ejecución oficialmente inscrito en la historia argentina). No existen registros de esos juicios sumarios, ni del informe forense que debió determinar la causa de la muerte.
El 12 de junio, Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. Le tocó al antiperonista capitán de navío Francisco Manrique, enviado de Rojas, ir a buscarlo. A las 14 de ese día, Valle ingresó con su amigo Gabrielli y Manrique al Regimiento I de Palermo, donde fue interrogado y juzgado por un tribunal presidido, también, por el general Lorio.

Después, Valle fue enviado a la Penitenciaría Nacional en la Av. Las Heras. El director del Museo Penitenciario, en 2005, Horacio Benegas, entonces recién ingresado al servicio, recordó que «el 11 en la madrugada fueron fusilados tres militares» en la vieja penitenciaría de la Av. Las Heras. Valle fue alojado en el 6.º piso. La última que lo vio con vida fue su hija Susana Valle. A las 22:20, Valle fue ejecutado con un fusil Máuser 7,65 mm modelo argentino 1909, por un pelotón cuyos nombres se clandestinizaron como secreto de Estado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento, ni registro de los responsables.
"El fusilamiento de Valle en su legajo militar
"No puede ser que no existan documentos escritos respecto de los fusilamientos de 1956." Con esa premisa llegamos al Archivo General del Ejército sin saber bien qué podíamos encontrar. El coronel a cargo del organismo mandó a buscar el legajo del general Valle mientras le informamos sobre los objetivos de nuestra investigación. Al rato, nos entregaba una carpeta envejecida, voluminosa y prolijamente atada con dos vueltas de hilo sisal; en ella se lee: "Legajo Personal Original del General de División Juan José Valle".
En las primeras páginas hay una hoja del Boletín Oficial del Ejército, en el que se registra su egreso en 1922 (como oficial combatiente) junto a los demás integrantes de su promoción enumerados en orden de mérito. Bastante más abajo figura el nombre –mal escrito– de "Aramburo"; consta así que ambos fueron compañeros de estudio y mantuvieron una relación estrecha durante muchos años.
Sin foliar encontramos su partida de defunción. En ella consta que su muerte tuvo lugar en "Las Heras tres mil cuatrocientos" (la Penitenciaria Nacional), el día 12 de junio de 1956, a las 22, por causa de "herida de bala". El documento se extendió por declaración de un señor Simón Argüello y tuvo como testigo a Juan Napolitano, "... quienes han visto el cadáver". No se sabe quién presentó esa partida ni por qué razón ello se hizo dos años después de su fusilamiento.
La muerte del general Valle se registra en su legajo con muy pocas y elusivas palabras, en ningún lado se dice que fue fusilado, ni por qué ni por quién. Desde 1950, casi con exclusividad, su actividad había consistido en realizar "visitas de inspección" a unidades de todo el país: ¿Se trataba de meras inspecciones técnicas o él iba a tomarle el pulso político a los cuarteles que visitaba?
La única vez que un militar utiliza allí la palabra "fusilado" es en 1996; en una escueta nota que firma el jefe del Archivo y en la cual afirma que no existe en ese organismo una "nómina del personal fusilado en 1956" pero, para cumplir con su deber de informar, el funcionario adjunta una lista con el nombre de dieciséis militares fusilados y de dos con orden de captura (Valle y Tanco. Con pulcritud castrense, aclara que esa información fue "... obtenida del diario Clarín del lunes 11 de junio de 1956".     (Fuente: Marcos Lohlé y Julio Raffo, En "El Ortiba")

El 13 de junio cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, el 14 de junio, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Brierre. Pero el general Domingo Quaranta (jefe del SIDE), invadió ilegalmente la delegación junto con un grupo de comandos civiles, para secuestrar y detener a los asilados. Los comandos civiles intentaron fusilarlos en la puerta de la embajada, pero la presencia de testigos se lo impidió. El embajador Brierre inició una serie de gestiones con la cancillería y finalmente logró que los secuestrados le fueran restituidos a su embajada.
El saldo de esas 72 horas de junio de 1956 fue trágico y premonitorio: 18 militares y 13 civiles asesinados.

Pero los partidos políticos no dudaron en expresar su solidaridad con el gobierno...no hablaron de dictadura, ni del respeto de la Constitución, las leyes..... palabras que escuchamos a diario referidas a este gobierno... No me vengan a hablar de grietas....


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