domingo, 17 de enero de 2016

EL MILAGRO DE LAS PROTESTAS

Para tratar de entender..
"Horas después de la detención de Milagro Sala en Jujuy, el gobierno del radical Gerardo Morales justificó la medida, motivada por una denuncia contra el acampe de 32 días de la organización Tupac Amaru en la capital provincial. (...)  Necesitamos que se terminen los intermediarios. Y la jefa de la intermediación que terminó sacándole ese dinero a los pobres fue Milagro Sala", apuntó el gobernador. El gobierno de Jujuy presentará además una demanda penal contra la dirigente ultrakirchnerista por "el robo de 29 millones de pesos al Estado (..) El acampe sigue y la comisión del delito sigue", advirtió Meyer. Según denunciaron desde el equipo de prensa de Tupac Amaru, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, dijo que Sala sólo iba a ser liberada "si se levanta el acampe" Ver Nota
Según la nota de  La Nación,cuyo título "Gerardo Morales, sobre la detención de Milagro Sala: Le sacó el dinero al Estado y los pobres"  es mentiroso, ya que la acusación del robo de $ 29 millones al Estado se "presentará una demanda penal".. es decir que en concreto, no está probado que haya habido robo... y Milagro es detenida por el acampe..será liberada "si se levanta el acampe"...

¿Es legítima la criminalización de la protesta social?
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que la regla general es que, por lo menos “en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. Esta presunción general de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público” (*) . Además, la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Asimismo, y aun afirmando los principios antes expresados, es imprescindible destacar la especial protección que gozan determinadas expresiones o discursos en particular, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. Sobre estas bases se debe analizar la problemática de las expresiones de protesta en la vía pública. La mayoría de los casos constituyen manifestaciones críticas de determinadas prácticas de gobierno, o bien expresiones de sectores marginados que encuentran de este modo una vía para hacer escuchar sus demandas.
"El recurso de quienes perdieron incluso su espacio tradicional de la protesta. Durante más de un siglo los trabajadores que querían reclamar algo se organizaban alrededor de su lugar de trabajo: la huelga, o incluso la toma, eran las formas habituales. Pero ahora, cuando los que protestan son ex trabajadores -que piden sobre todo volver a ser trabajadores-, el único espacio donde pueden expresarse es el público. Antes interrumpían la producción: ahora cortan la circulación: avatares del país tercenzado. Antes sus medidas perjudicaban al interesado directo, el patrón al que le reclamaban. Ahora sus medidas no tienen un destinatario claro: una ruta cortada produce perjuicios muy indiscriminados y apela, más que nada, al Estado fugitivo. [...] Sin estructura productiva, ahora los gremios con algún peso son los que sobreviven en el Estado y los transportes. Con ese panorama, la pelea social está en la calle: los desocupados que no pueden parar ni ocupar fábricas las cortan, los camioneros y los colectiveros las vacían". (Martín Caparros; Qué país)
El problema es que existen muchos delitos que se utilizan, o que podrían ser utilizados, para reprimir la protesta social. Muchos de estos tipos penales, a su vez, son de dudosa compatibilidad con el sistema interamericano de derecho humanos: algunos son imprecisos, o no protegen bienes jurídicos relevantes o concretos, o tienen un ámbito de prohibición demasiado amplio. A esto hay que agregarle la propia naturaleza del sistema penal, que no opera ante todos los casos, sino que es selectivo.
A poco de analizar los tipos penales que encierra el Código Penal, aparece una conclusión alarmante: muchos no protegen ningún bien jurídico concreto. Prueba de ello son las distintas conductas que pueden ser aplicadas en diferentes contextos, lo cual, como es obvio hasta para el penalista menos experimentado, atenta rotundamente contra el principio de legalidad. Por otro lado, esta exigencia se relaciona con el principio de culpabilidad, dado que las personas sólo podrán orientar su conducta conforme a la norma prohibida o imperativa en la medida en que dicha norma describa claramente cuáles serán las conductas objeto de persecución penal.
La vicepresidenta y la ministra de Seguridad coincidieron en advertir que, de ahora en más, "el Estado hará uso de la fuerza para impedir cualquier piquete, sea por la razón que sea y bajo cualquier circunstancia", queda en evidencia, entonces, la discrecionalidad con la que actúan los operadores jurídicos para perseguir las manifestaciones sociales.
Así, la existencia de tantos y tan vagos tipos penales, eventualmente aplicables a las conductas en las que suelen materializarse las expresiones de disconformidad con políticas públicas o con el gobierno de turno o alguna idea en particular, podría allanarle el camino a la arbitrariedad. Esto es así, con independencia de la buena o mala fe con la que actuasen los operadores.
"Por un lado, puede afirmarse que es una aspiración de todo Estado de derecho lograr que sus instituciones sean tan perfectas que no sea necesario a nadie acudir a vías no institucionales para obtener satisfacción a sus reclamos; por otro, la misma aspiración parecen tener todos los ciudadanos que reclaman por derechos real o supuestamente no satisfechos.  Pero como en la realidad histórica y en la presente, por cierto, los Estados de derecho no son perfectos, nunca alcanzan el nivel del modelo ideal que los orienta, de modo que ni el Estado ni los ciudadanos logran ver realizada la aspiración a que todos sus reclamos sean canalizables por vías institucionales. Por otra parte, por lo general, los ciudadanos tampoco pretenden optar por caminos no institucionales para obtener los derechos que reclaman, sino que eligen éstos sólo para habilitar el funcionamiento institucional, es decir, que en definitiva reclaman que las instituciones operen conforme a sus fines manifiestos.  En la Argentina, especialmente los constitucionalistas y los organismos no gubernamentales que trabajaron el tema, han llamado derecho a la protesta social al que se ejercería con esta modalidad de reclamo, y al fenómeno de su represión criminalización de la protesta social. La denominación resulta bastante adecuada y, además, pese a ser reciente, está ya consagrada e individualiza bastante bien la cuestión. (...) El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8)." (E. Raúl Zaffaroni Derecho penal y protesta social)
De poco valdría reconocer al ser humano su dignidad de persona, como ente dotado de conciencia, si no se le permite expresar su libertad de conciencia. Para ello se le reconoce el derecho a unirse con quienes comparten sus posiciones y a expresarlas públicamente.
Pero esto parece ser ignorado por completo por Gerardo Morales, Patricia Bullrich, que pidió “a la sociedad que comprenda” la decisión de reprimir la protesta social, lo que representa un cambio de 180 grados respecto a los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, o la propia Michetti, que dijo “Recuperamos el rol del Estado de regular el conflicto entre el derecho a protestar y el derecho a circular”,  dejando sentado así que desde el 10 de diciembre pasado en la Argentina es más importante circular que reclamar por el pago de salarios.
Deberían recordar, que un día, un policía les dijo a unas madres que estaban reunidas en Plaza de Mayo por sus hijos desaparecidos "circulen, circulen".. y dió inicio así a las Rondas de todos los jueves de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo...

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