lunes, 9 de enero de 2017

CAMBIAMOS FUTURO POR PASADO... VOLVER A LA BANELCO



COSTOS LABORALES Y BENEFICIOS

Lo dijo María Eugenia Vidal y se lo tomó como un fallido, pero no fue así: cambiamos futuro por pasado.. volvemos a discutir reformas a la legislación laboral, la reducción a las cargas patronales para favorecer la creación de nuevos empleos…. 
Igual que en los ´90… ¿Banelco incluida..?


Igual que en el 76, nada más en esos años no se hablaba de leyes…hablaban los fusiles…

La condición necesaria para el desarrollo del nuevo patrón de acumulación fue la inédita redistribución del ingreso, que adquirió una magnitud desconocida hasta ese momento. Entre 1976 y 1977 la disminución del salario real fue superior al 40%, lo cual implicó una notable reducción de la participación de los asalariados en el ingreso nacional, que descendió del 45 al 25%, ubicándose en todos los años de la dictadura muy por debajo de la registrada en 1969, el peor año de la segunda etapa de sustitución de importaciones.
Desde el golpe de Estado en adelante, los trabajadores perdieron los derechos laborales más básicos y elementales que habían conquistado a través de duras luchas en las décadas anteriores. Durante la dictadura militar se intervino la CGT; se suspendieron por tiempo indeterminado las negociaciones salariales, el derecho de huelga y toda medida de fuerza; se eliminó el fuero sindical; se autorizó a dar de baja, sin sumario, a los trabajadores estatales; se nombraron interventores militares en las principales organizaciones sindicales; se autorizó al Ministerio de Educación a suspender total o parcialmente el Estatuto Docente; se aplicó nuevamente la Ley de Residencia, que habilitaba la expulsión de los sospechados de atentar contra la seguridad nacional, etc.
Especialmente severo fue el disciplinamiento del proletariado industrial, el núcleo dinámico de la clase trabajadora. No sólo se lo reprimió y se le negaron sus derechos sociales más elementales, como al resto de los trabajadores, sino que se llevó a cabo un  
redimensionamiento sistemático de la ocupación manufacturera. Las reformas estructurales de los 90 cambiaron la relación capital-trabajo, desprotegiendo a los trabajadores, favoreciendo la flexibilidad de contrato y aumentando las ganancias.
“Tanto es así que la ocupación obrera cayó durante veintisiete trimestres seguidos (entre el segundo trimestre de 1976 y el cuarto de 1982), lo cual generó un incremento de casi el 70% en la tasa de explotación (productividad/ costo salarial) “ <Fuente: Azpiazu, Basualdo y Khavisse, y L. Beccaria, "Distribución del ingreso en la Argentina: Explorando lo sucedido desde mediados de los setenta", Desarrollo Económico n° 123, Buenos Aires, IDES, 1991.>
Las controversias en torno al empleo y a las legislaciones laborales se debaten intensamente en Argentina desde los noventa, cuando, las reformas estructurales inducidas por el Consenso de Washington cambian el modo de funcionamiento del sistema económico y la relación capital – trabajo. Uno de los aspectos centrales de dichas reformas se corresponde a las modificaciones de la normativa laboral.
Si bien con posterioridad a la caída de la convertibilidad se han revisado algunas normas, las ganancias de productividad siguen creciendo y son hoy más altas que en esos años.
De acuerdo a la lógica de las políticas laborales impulsadas durante los noventa el empleo y la eficiencia económica aumentan cuando los mercados de trabajo funcionan con menos intervenciones institucionales. De aquí la justificación de las medidas que flexibilizan, -fundamentalmente normas laborales-, o disminuyen el costo que las empresas afrontan para contratar y despedir mano de obra. El derecho laboral en este caso es auxiliar de los beneficios económicos de las empresas. La justificación que postulan tales economistas es que los mayores beneficios permitirían más inversiones; mientras que la reducción de los salarios eliminaría el desempleo.

Al mismo tiempo, otros economistas, a los que llamaremos heterodoxos, sostienen que la flexibilidad en la contratación de mano obra sólo aumenta beneficios empresariales en detrimento de la desprotección de los trabajadores, la parte más débil de la relación de trabajo. En esta línea se considera el derecho laboral como una herramienta que tiende a asegurar un nivel de vida mínimo a los trabajadores y no como un instrumento en pos de aumentar beneficios monetarios para las empresas. En general, los economistas heterodoxos postulan que la mejora en las condiciones laborales tiene efectos positivos por dos vías: por un lado la reducción de la movilidad aumenta la productividad de la mano de obra y por el otro los mínimos sociales (legislación sobre salarios mínimos, seguros de desempleo, planes sociales, etc.) generan un piso de mercado interno que permite el aumento de la producción y por consiguiente del empleo. Asimismo, cuando existe algún tipo de mínimo social la negociación salarial fortalece a la parte trabajadora en condiciones de negociar a partir de un monto mínimo institucionalmente fijado.

Ahora bien, a posteriori de la crisis, algunas reformas flexibilizadoras del mercado de trabajo hechas durante los noventa fueron revisadas. Los cambios hechos a la legislación laboral desde el año 2002 se enmarcan en un nuevo esquema de política donde la mejora del tipo de cambio reduce la presión sobre los costos laborales. En este sentido, la rentabilidad continua aumentando al mismo tiempo que se mejora, por ahora mínimamente, la situación de la parte trabajadora. Los costos laborales comenzaron a aumentar aunque, como veremos, siguen estando muy por debajo que el promedio observado durante la década pasada.

LAS MODIFICACIONES DE LAS NORMAS LABORALES

Las normas laborales de los 90 buscaban flexibilizar el mercado de trabajo. Resumiendo, la flexibilización del mercado de trabajo implica en términos económicos la baja de costos laborales, en términos sociales significa una mayor movilidad de trabajadores entre puestos de trabajo y en términos jurídicos significa dotar a las empresas de nuevos elementos legales para poder contratar y despedir disminuyendo sus obligaciones monetarias frente a los trabajadores, quienes se ven consecuentemente desprotegidos por las normas.
La flexibilización observada remite a modificaciones de la ley de contrato de trabajo. En concordancia con un esquema económico “pro mercado” los gobiernos de esa década pasada activaron la baja de costos de despidos, incrementos de los períodos de prueba, disminución de aportes patronales, segmentación de la fuerza de trabajo y descentralización de la negociación colectiva a partir de las prácticas de terciarización.

En este marco, la tasa de desempleo se mantuvo por arriba de los dos dígitos desde 1994, alcanzando un pico de 18.4% en mayo de 1995 cuando se atraviesa la tormenta generada por la crisis del tequila. A partir de 1996, la economía se recupera y la tasa de desempleo baja, pero se mantiene siempre muy por arriba de los dos dígitos, alcanzando un nuevo mínimo de 12.4% en la medición de octubre de 1998 (mejor momento de la convertibilidad cuando empieza la recesión que conduce a la crisis). Recién en la última medición de 2006, después de 12 años, la tasa de desempleo perfora la barrera del 10%.
Las reformas estructurales encaradas en la región durante los años noventa tuvieron el objetivo de reducir la intervención del Estado y aprovechar las bondades de los mercados internacionales. La visión que impulsaba estas reformas entendía que la elevada protección y las instituciones estatales que intervenían en los mercados eran responsables de la elevada ineficiencia, los desequilibrios macroeconómicos y el elevado peso de la deuda sobre estas economías (Ocampo, 2004).

Estas reformas apuntaron a una mayor apertura comercial, vía la reducción del nivel y de la heterogeneidad de tarifas de comercio exterior junto con la eliminación de barreras no arancelarias; liberalización financiera, vía la supresión de restricciones a la inversión extranjera y al movimiento de capitales con el exterior, y el desmantelamiento de las regulaciones de los mercados financieros locales (tasas de interés y de la asignación del crédito); privatización de empresas públicas; flexibilización laboral, etc.
La experiencia argentina durante los noventa permite analizar los efectos de las reformas inspiradas en el Consenso de Washington, las cuales fueron aplicadas con particular rapidez y profundidad. Entre las más importantes reformas se destacan la abrupta apertura comercial y financiera, la privatización de las empresas públicas más importantes, la adopción de un sistema previsional privado paralelo al estatal y la sanción de distintas leyes de flexibilización laboral.
En el plano del empleo, si bien se esperaba que los sectores más dinámicos generaran la suficiente demanda de trabajo para absorber a los trabajadores expulsados de las actividades que no pudieran ser competitivas, esto no sucedió en realidad, delineándose un patrón de crecimiento con baja generación de empleo industrial y elevados niveles de desempleo. Aun cuando las tasas de crecimiento conseguidas por la Argentina entre 1991­1994 y en el período 1996 y 1998 no fueron desdeñables, en la década se evidenció un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasa generación de empleo, los crecientes niveles de precarización laboral y el bajo dinamismo de los salarios reales, junto con la pérdida de importancia del gasto social, permiten explicar este resultado. Asimismo la fuerte contracción del PBI registrada en el fin del régimen de Convertibilidad llevó al desempleo, la pobreza y la desigualdad a niveles nunca evidenciados. En síntesis, las reformas impuestas durante los años noventa tendientes a levantar las barreras comerciales y financieras no impulsaron el crecimiento de las economías menos desarrolladas a través del acceso al financiamiento externo. Contrariamente, aumentó la volatilidad y la vulnerabilidad externa de estas economías.
Cabe destacar que el empleo no registrado implica una flexibilidad laboral de facto y que su reducción es una de las cuestiones claves que marcarán el éxito o el fracaso de la política laboral.
Más allá del problema del empleo no registrado, las políticas de la post convertibilidad transforman algunas normas de los noventa e imponen medidas que cambian el escenario de la década pasada. Dichas medidas han por un lado mejorado la situación de los trabajadores y han incrementado los costos laborales por el otro. Sin embargo, en el período 2003-2007, los costos laborales han aumentado mucho menos que lo que habían bajado hasta el año 2001.
En el año 2001 hubo una ruptura del régimen macroeconómico de la Convertibilidad y se inició una nueva etapa que terminó de consolidarse en el año 2003. Quedó atrás la norma cambiaria del uno a uno y se constituyó un modelo macroeconómico sustentado en una política de tipo de cambio alto. Esta estimuló la obtención de saldos positivos de balanza comercial y se complementó con la solvencia fiscal, que permitió llevar a cabo una fuerte política de desendeudamiento. Favorecida por un contexto externo favorable, la política de tipo de cambio alto incentivó la producción local de bienes, lo cual redundó en un fuerte crecimiento del PBI. El incremento de la competitividad por medio de esta política volvió rentable, aunque con cierta heterogeneidad, una parte importante de las actividades productivas que habían sido perjudicadas por la política de tipo de cambio bajo de la Convertibilidad. El fuerte crecimiento de la economía resultante, complementado por medidas gubernamentales, permitió mejorar el bienestar del conjunto de la población. Entre las dinámicas que permiten evidenciar esta mejora se encuentran la intensa caída del desempleo, la recuperación del salario real, el mejoramiento de la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza. A partir de finales del año 2008, como resultado de la crisis internacional, se verifica una fuerte desaceleración del crecimiento que repercutió sobre los indicadores laborales, el consumo y la inversión. La recuperación económica del año 2010 estuvo acompañada de un ritmo de crecimiento del empleo más lento que en los años de crecimiento previos al resentimiento de la actividad. La dinámica de salarios y precios de los últimos años plantearía algunos interrogantes sobre la sostenibilidad de la ventaja competitiva que resulta necesario abordar. En este sentido si bien el costo laboral es sólo una de las dimensiones de la competitividad de las empresas y los países, tiene una trascendencia central en las discusiones de política económica a raíz de su importancia en el bienestar de los trabajadores y, por ende, de la mayoría de la población.
La demanda interna se constituyó en la principal fuente de dinamismo económico. El incremento del gasto social luego de la crisis, la generación de empleo, la recuperación de los salarios reales y el fuerte dinamismo que mostró la inversión privada fueron los principales factores explicativos de la expansión de la economía. Como resultado de la configuración mencionada y de la fuerte expansión del mercado interno y la demanda externa, la industria mostró un dinamismo notable en este período. La contribución relativa de la industria a la expansión del producto ha sido en estos años significativamente superior a la que tenía en la década de los noventa y mayor a la del resto de los sectores económicos
Sin embargo, entre los especialistas existe un importante debate sobre si esta nueva fase de crecimiento industrial constituye un cambio estructural respecto de lo evidenciado en la década pasada. Aun cuando es poco esperable que esto suceda en un plazo tan breve, las discusiones intentan establecer continuidades y rupturas respecto de la configuración sectorial y la inserción internacional. En esta discusión algunos estudios señalan que el “crecimiento [del sector industrial] en estos años mostró un sesgo novedoso en cuanto a los sectores productivos que lideraron la expansión…”.
Si bien los sectores que en la Convertibilidad habían sido muy dinámicos tuvieron un buen desempeño en la post­devaluación, otros como los intensivos en ingeniería y mano de obra, antes seriamente afectados, fueron los “motores del crecimiento industrial” del gobierno anterior.
En resumen, los resultados en términos de reducción del déficit cuantitativo de empleo fueron importantísimos. En términos cualitativos hubo significativos avances aunque todavía no se haya podido revertir la situación de precariedad que caracteriza a una parte de los puestos de trabajo.
Sin embargo estos cambios –ciertamente no estructurales- que se producen en la legislación laboral con posterioridad a la crisis 2001 no se alinean con la flexibilización laboral que exigen los defensores de las políticas “pro mercado”. A pesar de ello la tasa de desocupación continuó bajando de la mano del crecimiento económico.
En definitiva, el nivel y la calidad del empleo se explican más por factores económicos que por cuestiones relativas a los costos de entrada y salida del mercado laboral. En verdad, el empleo no depende de las modalidades promovidas por contratos de corta duración y demás ventajas a los empresarios que contratan mano de obra. Este tipo de práctica, denominada “contrato basura”, permite un mayor beneficio empresarial y una creciente desprotección de los trabajadores.
Al mismo tiempo la flexibilización no asegura en lo más mínimo el camino hacia el pleno empleo. El pleno empleo depende de la economía. Si la economía crece y si hay inversión productiva el empleo crece.

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