lunes, 17 de julio de 2017

EL DERECHO A RESISTIR

-¿Por qué dice usted que el rasgo constitutivo de la democracia no es el consenso sino el disenso?-Claro, en un sistema institucional como el nuestro delegamos la toma de decisiones, delegamos el control de los recursos económicos, delegamos el uso de la violencia, el monopolio de la fuerza en el Estado, lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de criticar a aquellos en los que hemos delegado todo. Mucho de lo más importante de nuestras vidas está en manos de otros. Por eso es que me parece importante reclamar el derecho a la protesta como un derecho esencial. De allí que lo podamos llamar el “primer derecho”. (1)
       
En Argentina, el reemplazo de un Estado de presente por un Estado neoliberal trajo aparejado una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión social, lo cual se tradujo en la multiplicación de las desigualdades sociales, la concentración económica y la marginalización de vastos sectores de la población. Este proceso de transformaciones, que arrancó en los años ´70, con la última dictadura militar y tuvo su punto de inflexión en 1991, con la asunción de Carlos Menem al gobierno y se continuó durante el breve gobierno de la Alianza.
La instalación de este modelo de exclusión social requirió importantes cambios en las formas de intervención social del Estado: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución -cada vez más masiva-­ de planes sociales y asistencia alimentaria entre las poblaciones afectadas; por el otro, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de los conflictos sociales, a través de la represión y la criminalización de los grupos sociales más movilizados.


Y "la gente", en algún momento se convierte en "pueblo".. y hace puebladas..
Desde comienzos de los ´90, el endurecimiento del contexto represivo se tornó visible en el aumento del pertrechamiento de las diferentes fuerzas (policía federal, provincial, gendarmería nacional y prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante. A partir de 1994, la violencia de Estado se concretó en fuertes situaciones de represión que se tradujo en el asesinato de manifestantes, en el marco de protestas multisectoriales, de movilizaciones de desocupados (cortes de ruta) y de levantamientos insurreccionales (puebladas).

En este 2017 se vienen sucediendo hechos de represión y criminalización de manifestantes en diversas zonas del país, con participación de fuerzas federales y provinciales.
Imagen relacionadaAsí ocurrió durante los primeros días de enero pasado, cuando en la ciudad de Buenos Aires vendedores callejeros cortaron la Avenida Rivadavia en protesta por desalojos y decomisos previos.
En esa misma semana distintas fuerzas de seguridad reprimieron a los integrantes de la comunidad mapuche Lof Cushamen, en Chubut, en el marco de un conflicto de tierras entre grupos mapuches y empresas privadas.

Vale recordar que la vinculación de la protesta social con el derecho penal no es un fenómeno local ni nuevo. Se reaviva ante cada nueva crisis económica, ajuste y descontento social.

La criminalización de la protesta consiste en la neutralización judicial de activistas, manifestantes y referentes sociales, políticos o sindicales, involucrados en el ejercicio de las diversas formas que ella asume.
Sin embargo, la protesta social como forma de reclamo no institucional es un derecho constitucional implícitamente reconocido en nuestra Carta Magna.
Se encuentra así reconocido en las libertades de pensamiento y de conciencia, de expresión, de reunión, religión, opinión y asociación.
Claro está que se trata de una suma de libertades que no están simplemente garantizadas para expresar tan sólo complacencia y consenso. También comprenden la expresión de disenso y falta de acuerdo. E incluso el derecho de cuestionar a las autoridades en ejercicio del poder.
Y esa es, justamente, la razón por la cual se garantizan, puesto que de otro modo carecería de sentido una protección de esa índole.
Lo cierto resulta que, tal como ha destacado recientemente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Poder Judicial es un actor decisivo en el desarrollo de las protestas y otros conflictos sociales.
A su alcance está la activación de hechos de violencia o su prevención, el desempeño de una actuación protectora de los derechos involucrados o la interpretación criminalizante de los hechos sucedidos.
Y aquí es donde surge una serie de inquietantes interrogantes: ¿no es una de las principales tareas de los jueces proteger la expresión de los grupos más desaventajados y postergados?
¿Acaso no son las voces que más incomoda escuchar, aquellas que deberían ser las más escuchadas por el Poder Judicial?
En otras palabras, el derecho de crítica a las políticas de los gobiernos en turno es un resorte indispensable de toda lógica democrática. Máxime cuando su ejercicio no asume formas violentas ni corrompe la convivencia colectiva.

La criminalización de las nuevas formas de protesta social

En el ámbito urbano, la política de judicialización y criminalización de la protesta social arrancó con los primeros cortes de ruta (piquetes) y puebladas en el sur argentino y norte del país (1996/97). Dichas formas de protesta generarían, desde el punto de vista constitucional, un conflicto de derechos, entre el derecho a peticionar y el derecho a circular. Desde el comienzo, el poder judicial daría muestra cabal de un rechazo a estas nuevas formas de protesta, al establecer juicios muy cuestionables, pronunciándose sin mayor reflexión en favor del derecho de libre circulación. En consecuencia, los cortes de ruta comenzaron a ser tratados prioritariamente como un asunto penal, a través de la aplicación de las figuras previstas por el código penal, particularmente en su artículo 194 referido a la obstrucción de las vías públicas. Esto se expresaría de manera paradigmática en ciertas provincias del interior, de raigambre feudal, como Salta, en donde los distintos órdenes del poder estatal han venido demostrando una franca hostilidad y ensañamiento hacia la protesta piquetera, a través de la reducción de la nueva “cuestión social”, que tiene por protagonistas a los desocupados, a una “cuestión penal”. Ello ha generado situaciones de verdadero acoso judicial, como lo ilustra el caso de Pepino Fernández ­ dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, una de las organizaciones piqueteras de mayor trayectoria­ , sobre quien pesan 76 causas penales.
En esta dirección, el fallo contra la docente M.Schiffrin (2), en la provincia de Río Negro, resulta emblemático, pues como afirma R.Gargarella (2004) “simboliza el modo en que el derecho local piensa y reacciona frente a la protesta social”. Aquí, la justicia falló condenando a la nombrada a la pena de tres meses de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, por considerarla “coautora penalmente responsable del delito de impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire”. Además de ello, le impuso como pauta de conducta la “de abstenerse de concurrir a concentraciones de personas en vías públicas de comunicación interjurisdiccionales en momentos en que se reúnan más de diez personas, durante el plazo de dos años”, mostrando con ello su carácter político, pues lo que se apunta a penalizar es cualquier actividad política organizada por un plazo mucho más amplio que la propia pena privativa de la libertad. Dicho fallo fue confirmado por el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación Penal, que además sugirió que toda expresión cívica más allá del sufragio podía ser vista como “sediciosa”.

Uno de los argumentos más escuchados, que se utilizan para criminalizar, que aportan el
consentimiento social para que el gobierno decida la criminalización de la protesta es  “El derecho de uno termina donde empiezan los de los demás.”

Es una frase que no dice absolutamente nada. Es más, alguien que quiera defender la protesta podría decir lo mismo: “coincido, sus derechos terminan donde comienzan los míos, entonces por qué usted no respeta mis derechos sociales.” Por eso digo que es una frase que no dice nada, es una frase que se puede usar para lo que se quiera. Todo lo que importa es lo que debe venir después de pronunciarla. Sin embargo lo notable es que muchos jueces, inclusive en las más altas instancias de la magistratura, se apoyan en ella para dar por terminada la discusión apenas la han comenzado.

Lugares comunes y Derechos

“Las empresas toman gente y a veces también despiden. El trabajo no es un derecho como dice el populismo cavernícola. Es una contingencia” explicó el frío economista, Jose Luis Espert, mientras en la televisión se transmitían las crudas imágenes de la represión a los trabajadores de PepsiCo. 
Antes,  el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, al referirse a la ola de despidos en el Estadodijo que “La posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia como lo es en el organismo humano comer y descomer”.
Y se justifica la gran cantidad de despidos, el derecho del empresario a trasladar fábricas, suspender la producción, importar... mientras los trabajadores deben aceptarlo, ya que "se les paga la indemnización", cosa que no siempore sucede.-
Pero  el derecho del trabajo está contemplado en la Constitución Argentina. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, como una suerte de tabla de derechos básicos, entre otros, el derecho protectorio, el derecho a trabajar, a hacerlo en condiciones dignas y equitativas, a la jornada limitada, al salario justo, al descanso y vacaciones pagos, a la participación en la ganancia de las empresas, con control en la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Se garantizó a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y el arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. 
El artículo 75 de la Nueva Constitución Argentina, expresa en su inciso 22 que una serie de tratados que allí se mencionan, y "en las condiciones de su vigencia", tienen "jerarquía constitucional", "no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos..." Se trata de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La Declaración Universal de los Derechos Humanos; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño.
No era casualidad que el movimiento piquetero cortara rutas en La Matanza, un verdadero cementerio de industrias (especialmente las textiles), o en la salteña General Mosconi, convertida en pueblo fantasma (como las neuquinas Cutral Co y Plaza Huincul) tras la privatización de YPF en el 2001. Como tampoco lo es hoy -también en La Matanza- en Zárate y tantos otros lugares.
El Déficit Cero descansaba en otra premisa expropiatoria que contribuyó a calentar la caldera social: para que las cuentas cerrasen había que deducirle el 13 por ciento a los empleados públicos que ganaban más de mil pesos y a los jubilados que percibían más de 500. La pregunta lógica era: ¿y si el balance no cierra pese al descuento del 13 por ciento, podría la quita trepar al 20 o al 30 por ciento? ¿Cuál era el límite del despojo? ¿Por qué había garantías jurídicas para los grandes especuladores y un intervencionismo estatal de corte estalinista para vaciar la bolsa de los asalariados?
Ahora, para que las cuentas cierren, se pone techo a las paritarias y quieren eliminarlas, se recortan pensiones, medicamentos, planes, se piensa en flexibilizar las normas laborales, aumentar la edad jubilatoria...mientras se gastan millones en armamentos destinados a la represión.
Y la justicia, según dice Gargarella en el texto citado:

"-Qué piensa de la actitud que está tomando el gobierno actualmente con los piqueteros? ¿Se puede hablar de una militarización o una tendencia a militarizar a la protesta social?-Este gobierno no es un gobierno principista, como no lo ha sido casi ninguno. Es, como otros, oportunismo con desdén hacia los derechos fundamentales. Es preocupante, por no decir indignante, que el problema que se plantee tenga que ver con los niveles de queja que hay y no con las razones de la queja, con las formas de salir a rescatar a aquellos que tienen legítimas demandas en nombre de derechos constitucionales."  




(1) NO HAY DEMOCRACIA SIN PROTESTA. “LAS RAZONES DE LA QUEJA”; Entrevista a Roberto Gargarella, por Esteban Rodríguez 
(2) Marina Schiffrin fue condenada a tres meses de prisión en suspenso por un corte de ruta realizado en Bariloche, Río Negro, en marzo 1997, en el marco de una protesta realizada por el gremio estatal en contra del recorte del presupuesto educativo.


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